El escepticismo crítico como faro en la era de la desinformación
En un mundo que transita de la hegemonía estadounidense a un orden multipolar, la batalla por establecer una única «verdad» oficial se ha intensificado. Hoy, más que nunca, la rigurosidad para contrastar la información no es una opción, sino la actitud esencial para navegar el complejo panorama informativo. Este principio se vuelve tangible al examinar cómo los grandes bloques de poder, tanto públicos como privados, emplean herramientas legales y económicas para silenciar voces disidentes, a menudo lejos de los focos mediáticos.
Raul Radovich
El cazador cazado
La Comisión Europea expresó el 24 de diciembre de 2025, cuando medio mundo estaba en plenas fiestas, sus quejas al gobierno de Trump por las medidas tomadas contra europeos en el marco de la disputa en el mercado digital, donde las grandes empresas tecnológicas campan a sus anchas, sin respetar regla alguna. Como parte de una respuesta rápida y decisiva a las escasas medidas tomadas por la UE contra los nuevos señores del “tecno feudalismo”, EEUU había impuesto sanciones prohibiendo la entrada a su territorio contra cinco ciudadanos europeos –incluído el ex comisario de la UE Thierry Breton-, acusándolos de liderar un grupo de figuras destacadas del “complejo industrial de la censura global”, tal cual, contra los puntos de vista norteamericanos.
Una denuncia inquietante desde el corazón de la UE
Pero, ¿actúan las autoridades comunitarias de manera más ejemplar? Este video del canal Neutrality Studies, presentado por el analista suizo Pascal Lottaz, denuncia una realidad opaca: 59 personas, entre ellas ciudadanos europeos, dos de ellos periodistas, habrían sido sancionadas por la UE por “actividades híbridas de Rusia” y por “manipulación e interferencia de información extranjera”. Las medidas implican el congelamiento total de sus cuentas bancarias y la prohibición de realizar pagos, lo que equivale a una «muerte civil» administrativa que dificulta gravemente la vida cotidiana.
La sorpresa inicial ante la ausencia de esta noticia en medios tradicionales, especialmente tratándose de un periodista, activó todas las alarmas de verificación. En el actual contexto de guerra informativa, la primera pregunta era obligada: ¿es esta información veraz o un montaje? La duda persistía incluso ante la seriedad aparente del denunciante: ¿no será una estrategia para desacreditar a una Europa que se presenta como defensora de las libertades?
La verificación me permitió confirmar la existencia y el perfil de Pascal Lottaz, ciudadano suizo y profesor en la Universidad de Kioto.
La confirmación: sanciones de la máxima autoridad europea.
La investigación me llevó al comunicado oficial del Consejo de la Unión Europea, máxima institución de la UE, publicado en el B0E. El texto confirma los hechos centrales:
- Medidas: El Consejo adoptó nuevas medidas restrictivas contra 12 personas y 2 entidades adicionales, sumando un total de 59 personas y 17 entidades sancionadas.
- Motivo: Su inclusión se debe a actividades híbridas de Rusia, incluyendo Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (MIIE).
- Perfil de los sancionados: Se dirige contra analistas de política exterior, personas influyentes que promueven propaganda prorrusa y teorías conspirativas sobre la invasión rusa de Ucrania y ex militares o policías de Europa occidental.
- Consecuencias: Congelación de activos y prohibición de viaje que impide entrar o transitar por la UE.
Un análisis detallado de la agencia Pressenza y este otro vídeo de Pascal Lottaz profundizan en el caso del periodista Hüseyin Doğru, señalando su condición de alemán. Su inclusión en la lista, sin acusación formal, juicio o derecho a defensa previo, derivó en el bloqueo total de sus cuentas y las de su esposa, impidiéndole recibir ingresos, contratar un abogado o acceder a servicios básicos sin autorización expresa.
Para comprender la situación kafkiana a la que se enfrenta este periodista solo damos un detalle que refleja el cinismo de unas autoridades dignas de un régimen autoritario. Cuando analicé por primera vez la información oficial rastreando varios documentos constaté con sorpresa que para la Comisión Europea su nacionalidad era turca:
Captura de pantalla del Anexo I , pg. 29
Esto me hizo sospechar que la denuncia pudiera tener más “errores”, ya que en su primer vídeo Pascal Lottaz afirmaba que dos de los afectados eran ciudadanos europeos. Sin embargo, Hüseyin Doğru es ciudadano alemán. Nació, creció, estudió y trabajó en Alemania. Ante la denuncia presentada por el periodista de que era falso que no fuera alemán, en un último chequeo pude comprobar que en la información comunitaria se reconoce su doble nacionalidad, y que el contenido del documento fue modificado tal como se puede ver en el anexo I del siguiente documento.
Captura de pantalla: Anexo de revisión del Reglamento
Para Hüseyin Doğru el 20 de mayo de 2024 su vida se quebró cuando apareció en la lista de sancionados. Su delito, según la justificación oficial, fue ser un actor de desinformación ruso ¿Las pruebas?: su labor periodística. Doğru cubría, desde su medio Red Media, el conflicto en Gaza y la complicidad occidental, las ocupaciones universitarias en Hamburgo en solidaridad con Palestina y protestas sociales dentro de la UE. Como se ve en el texto enlazado, para la Comisión Europea este periodista «ofrecía plataforma a organizaciones terroristas», «creaba discordia social» y, en última instancia, «beneficia los intereses rusos» al «minar la unidad europea»(…) . Por su parte, el periodista se defiende resumiendo su situación en el vídeo ya citado: “Se me categoriza como desinformación. Pero la desinformación no está jurídicamente definida. Es una categoría elástica».
No es el único caso, hay más periodistas víctimas de represión por describir el genocidio en Gaza, como ya denunció El Salto.
Conclusión: el patrón común y la advertencia
El paralelismo es revelador. Tanto Estados Unidos (acusando de «censura contra puntos de vista estadounidenses»), como la Unión Europea (acusando de promover «propaganda prorrusa»), utilizan un mismo mecanismo: imponer sanciones económicas devastadoras y restricciones de viaje que anulan derechos fundamentales, basándose en acusaciones de disidencia informativa o política, sin el debido proceso judicial.
Estos argumentos se esgrimen para defender al llamado “mundo libre» y justificar el rearme frente a amenazas externas. Como vimos, sin embargo, la amenaza a las libertades también es interna. Sin ir más lejos, como un ejemplo más, en el Estado español la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza», permite entre otras medidas represivas, penas de cárcel por ofensas al Jefe del Estado –un cargo de designación hereditaria, no electiva–. Si el llamado «gobierno más progresista de la historia» no ha derogado esta ley en siete años, podemos imaginar el panorama bajo un gobierno del “dúo dinámico” de la derecha.
La pregunta final, que está tenebrosamente unida a los peores tiempos del siglo XX, es incómoda y necesaria: en un entorno donde se criminaliza la disidencia, ¿quién será el próximo?, ¿podría alguien, por el solo hecho de plantear estas preguntas, terminar en la mira de un «patriota» y sufrir la suerte de los periodistas antes denunciados?
La reflexión, más que un cierre, es una invitación a mantener encendido el faro del escepticismo crítico en un marco europeo donde ahora llevar una bandera palestina o apoyar a determinadas organizaciones son motivos de detención en Francia, Inglaterra y Alemania.
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