Uno de los temas claves de los actuales cambios provocados por el gobierno ultraderechista de Argentina es el cambio de la actual normativa sobre la participación extranjera en la propiedad de la tierra, donde buscan su total liberalización para entregarlas a los tecno oligarcas más importantes.
José Seoane, periodista y escritor 27 Julio 2026
Tras el triunfo de la selección nacional contra Inglaterra, la exhibición de la bandera reivindicando las Malvinas y las manifestaciones de festejo y memoria de esa noche, el jueves 16 de julio el gobierno no consiguió la mayoría necesaria para aprobar en el Senado su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y postergó su tratamiento para la sesión del próximo 6 de agosto.
Elaborado en el oscuro cenáculo del ministro de la desregulación Federico Sturzenegger, dicho proyecto, a lo largo de sus 12 páginas y sus 53 artículos en 7 capítulos, plantea un nuevo escalón en esa ofensiva mercantilizadora del gran capital contra lo común que anima la enérgica labor del cómplice del blindaje, el megacanje y el corralito en el final de la convertibilidad. En este caso, la contra-reforma legislativa eleva el derecho a la propiedad privada (y su consecuencia, la libertad económica) por encima de los principios de utilidad pública, necesidades sociales, protección socioambiental o soberanía nacional. En esta dirección, restringe la capacidad expropiatoria y de ocupación temporal (normal y anormal) del Estado y eleva y facilita las indemnizaciones (Capítulo I); agiliza la desocupación de inmuebles urbanos y rurales con juicios sumarísimos (Capítulo II); reformula la regularización de dominio de los proyectos de integración socio-urbana de barrios populares (Capítulo III); modifica la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (N° 26.737), más conocida como la Ley de Tierras (Capítulo IV); modifica también la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815) eliminando las prohibiciones temporales para cambiar el uso del suelo, lotear o vender tierras rurales que hayan sufrido incendios (Capítulo V); y facilita los trámites del Registro de la Propiedad Inmueble (Capítulo VI) (PE, 2026).
De todos estos regresivos cambios, sin dudas el más significativo resulta la virtual derogación de la Ley de Tierras sancionada en 2011. La modificación implicaría, entre otras cuestiones, eliminar los límites: a) del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal que pueden estar en manos de propietarios extranjeros, b) del 30% del total que puede estar en manos de propietarios de un mismo país, c) y de 1000 hectáreas que puede poseer un mismo titular extranjero en la zona núcleo productiva. Asimismo, se borran restricciones sobre tierras con acceso a cuerpos de agua y se debilita su articulación con el régimen de zonas de seguridad de frontera. De aprobarse se trataría, como bien se denuncia, de un avance enormemente significativo en el proceso de extranjerización y mercantilización de los territorios del país. Una nueva conquista de un presunto desierto poblado de pueblos, comunidades originarias y vida social y económica; en este caso, con la novedad que sus agentes ya no son la oligarquía local sino corporaciones o magnates extranjeros que amenazan la soberanía y el patrimonio de toda la sociedad.
Como lo señala el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA) actualmente la superficie en manos extranjeras alcanzan a nivel nacional a sólo el 5% del total territorial, pero en su relevamiento destacan como en casi 30 municipios ya se alcanzó o se superó largamente el límite fijado por la ley vigente; por ejemplo, en los departamentos de San Carlos (60%), Molinos (58%), Guachipas (34%), General Güemes (29%), La Viña (28%) en la provincia de Salta; o en General Lamadrid, La Rioja (57%); o en Ituzaingó y Berón de Astrada (34 y 33%) en Corrientes; o en Iguazú en Misiones (40%); también en el Sur, por ejemplo en Lacar en Neuquén (54%), Cushmashen, Chubut (23%), o Magallanes, Santa Cruz (26%); e incluso en la Provincia de Buenos Aires, en Campana (50%) (Observatorio de Tierras, 2026a). Así, la reforma de la ley viene a convalidar estas ilegalidades promovidas por megamineras, emprendimientos turísticos y magnates; y a extender la apropiación transnacional de territorios ricos en minerales, bienes hídricos y ecosistemas. La única restricción que mantiene singularmente es la que limita la propiedad de Estados extranjeros y entidades en las que estos tengan participación en clara referencia a China. Pero ciertamente la extranjerización de los territorios tiene otros responsables, el principal origen de los capitales es estadounidense (con una superficie casi equivalente a la Provincia de Misiones), seguido por italianos (una superficie similar a la Provincia de Tucumán) y españoles (85 veces la Ciudad de Buenos Aires), que en conjunto suman la mitad de las tierras en manos extranjeras (Observatorio de Tierras, 2026b)
También la derogación de facto de la Ley de Tierras beneficiará las ambiciones de la empresa Palantir y del reciente vecino porteño Peter Thiel de instalar sus mega centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial en la Patagonia. No sólo (y no tanto) porque las temperaturas más bajas alivian la enorme refrigeración que demandan esas ciudades automatizadas sino porque allí se dispone de extensos territorios (estas instalaciones pueden alcanzar las 200 hectáreas, una superficie similar a la del barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires), de acceso al agua (por ejemplo, la cuenca del río Limay en Neuquén para emprendimientos que pueden consumir 20 millones de litros por día) y de energía eléctrica (las grandes hidroeléctricas como el Chocón para un consumo que puede superar los 100 MW equivalente al de una ciudad mediana) o posibilidades de generarla (con el gas de Vaca Muerta o las fuentes solares o eólicas). Crecientemente rechazados por las poblaciones en los Estados Unidos y Europa por sus enormes impactos económicos y socioambientales; amenazados por que ello ya se expresa en el avance de regulaciones (el Estado de Nueva York prohibió días atrás la instalación de nuevos centros de datos), la oligarquía tecnológica busca refugio para sus máquinas en el Sur del mundo.
Pero las concesiones a Palantir no se limitan al beneficio que puede otorgarle la reforma de la Ley de Tierras que ya el gobierno de Milei había intentado derogar al comienzo de su gestión a finales del 2023 con el DNU 70/2023 finalmente frenado en la Justicia. A su demanda se configuran también el proyecto de Ley del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias bautizado como Super RIGI que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados (24/6, cuestión que examinamos en Seoane, 2026) y el de reforma de la Ley General de Sociedades enviado en mayo al Congreso y actualmente en estudio en el Senado que habilita la creación de las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas promovidas y utilizadas por Palantir. Por detrás los circenses devenires y trifulcas gubernamentales, se adivina así la potencia del gobierno corporativo y la productividad política de un puñado de grandes empresas y multimillonarios. En este caso, el efectivo gobierno de Palantir no se limita a la traducción legislativa de sus intereses sino también al avance de su experimentación en el control tecnológico de poblaciones.
Al fin de cuentas, Palantir, fundada en 2003 y crecida al amparo de sus contratos con las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses, se dedica centralmente a eso, al procesamiento de enormes cantidades de datos de usuarios digitales y ciudadanos para identificar patrones de conductas, realizar análisis predictivos, y sugerir o automatizar decisiones de intervención securitaria o militar (como con el cuerpo parapolicial anitimigrante ICE o los bombardeos sobre Irán) o sobre los procesos de subjetivación social a partir de la manipulación de las emociones en las redes digitales (por ejemplo, en las campañas electorales). Así el libertarianismo, en el contexto de este neoliberalismo de puro despojo, autoritarismo y catástrofe, concluye en el tecnofascismo.
El próximo 6 de agosto, estas fuerzas apuestan a dar un paso más en esta dirección en el Congreso, a destrabar los límites a la mercantilización y extranjerización de nuestros territorios. El saqueo no sólo tiene sus beneficiarios sino también sus defensores, sus socios, sus cómplices, sus lacayos. Así también la convocatoria de los movimientos populares a la movilización de ese día apuesta a incidir en los senadores para impedir tamaña entrega y a ser un jalón en la construcción de una fuerza capaz de abrir una alternativa efectiva a la recolonización extractivista
artículo original en Huellas del Sur 27-7-2026
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