Recogemos en RE este reportaje sobre las dificultades de los movimientos ciudadanos del mundo rural catalán para enfrentarse a los macroproyectos energéticos, por entender que se puede generalizar a todo el territorio del Estado, y especialmente a la España vaciada, objetivo de una especulación sin escrúpulos con la aquiescencia de las administraciones.
Judit Castaño. Púbico 21/11/2025
Las últimas movilizaciones del mundo rural catalán contra macroproyectos energéticos han vuelto a poner sobre la mesa las dificultades para enfrentarse a grandes intereses económicos. Lo analizamos con expertos y los colectivos Plataforma Pobles Vius, SOS Costa Brava y Preservem l’Anoia.
La Sentiu de Sió, un pueblo de Lleida con 450 habitantes, vivió una escena bastante insólita el pasado 16 de octubre. Cinco furgones antidisturbios, varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, calles cortadas y un pabellón municipal «ocupado» por representantes del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y de la Asociación Española del Gas (Sedigas), el equipo de gobierno del Ayuntamiento y unos 350 ganaderos y agricultores. Todo para blindar un acto de promoción de la macroplanta de biogás proyectada en el municipio, que prevé convertir hasta 450.000 toneladas de deyecciones anuales en biometano.
En el exterior del recinto, un centenar de personas convocadas por la plataforma Pobles Vius, contraria al proyecto, se concentró con lemas como «fuera especuladores de nuestras tierras» y «stop biogás». Un amplio cordón policial de los Mossos d’Esquadra impidió a los manifestantes acceder al acto. «No se veía esta imagen desde el 1 de octubre de 2017, cuando la Guardia Civil salió a requisar las urnas del referéndum», explica el agricultor Gerard Batalla, vecino del pueblo y miembro de la plataforma. «No es la primera vez —dice— que los identifican incluso en concentraciones legales. Pero nunca habían visto una operación de este alcance para proteger un proyecto empresarial aún sin permisos», lamenta.
La sorpresa empezó cuando los vecinos vieron cómo el pabellón se transformaba en un «espacio de propaganda» con un escenario, una pantalla gigante, seguridad privada y una quincena de trabajadores montando y desmontando. «Fue un acto hermético, de mal gusto, como un final de campaña electoral», recuerda Batalla. Entre las ausencias, las más significativas fueron las de ganaderos del pueblo y cargos políticos locales que rechazan este tipo de macroproyectos. «No somos los únicos. En casi todos los municipios donde se proyectan macroplantas de biogás hay la oposición de gran parte de los vecinos», dice Batalla, que asegura que el rechazo crece porque «el modelo de negocio genera dudas ambientales y sanitarias» y «un impacto negativo para el territorio».
Es el mismo diagnóstico que hace Laura Calvet Mir, doctora en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y experta en ecología política. Para ella, el caso de la Sentiu ejemplifica un patrón detectado en todas partes en conflictos ambientales: «Deslegitimar el discurso crítico, opacidad informativa, cooptar instituciones, criminalizar movimientos y manipular relatos técnicos. Todos estos mecanismos aparecen cuando un proyecto con intereses potentes encuentra resistencia territorial», detalla.
Cinco mecanismos
Según Calvet, el relato oficial sitúa a los opositores —a macroproyectos de renovables o biogás— como antiprogreso: «Nos dicen que vamos contra el sector agrario, contra el cierre de granjas, contra la lucha climática. Es muy efectivo porque sitúa la crítica como una amenaza al futuro». Los discursos gubernamentales refuerzan esta narrativa. «La Generalitat ya ha dicho que no habrá moratoria; el biogás es estratégico. Y así el debate se ahoga».
Cuando un proyecto es declarado de importancia estratégica, los trámites se aceleran. Esto —señala Laura— erosiona el consenso territorial y genera un efecto de legitimidad automática. «Los gobiernos asumen el relato del biogás como solución climática sin cuestionar el modelo», concluye Calvet.
Por otra parte, una de las principales denuncias del mundo académico y de los activistas es la falta de transparencia. En el caso del biogás, nadie ha presentado, según las plataformas, contratos reales con ganaderos ni estudios resueltos de olores, emisiones u origen de los residuos. «Nos dicen que la tecnología es avanzada —explica Laura— pero cuando preguntas por cifras concretas, no están. Es un relato incompleto», lamenta Calvet. Cuando impera esta desinformación, con relatos a favor y en contra, surge la fractura social entre vecinos y conocidos, que «es muy efectiva porque desarticula resistencias», sentencia Calvet.
El frente judicial y administrativo: costes y desgaste
A esta presión ambiental y policial se suma la otra cara del conflicto: la batalla legal y administrativa. Lo explica Cristina Vilà, coordinadora de SOS Costa Brava, que a lo largo de dos décadas de lucha ha conseguido, entre otras cosas, detener privatizaciones ilegales de caminos de ronda de dominio público, la prolongación de la autopista del Maresme o las obras de urbanización en la montaña de Sa Guarda de Cadaqués (donde se preveían 104 viviendas unifamiliares y un hotel). «La vía administrativa llega un momento en que se agota. Entonces toca ir a los tribunales. Y eso significa abogados, dinero, tiempo y energía», explica. Y no todos los movimientos pueden permitírselo: «Cada recurso cuesta. Tenemos que elegir qué casos asumimos y cuáles no».
Además, acceder a la información pública es a menudo una carrera de obstáculos: «Hace falta un conocimiento que la ciudadanía no tiene: dónde buscar, qué pedir, cómo leer informes. Necesitas una tecnificación, una profesionalización de la entidad para poder realmente ir detrás de todos estos casos porque, en nuestro caso, al otro lado está el sector turístico e inmobiliario, que tiene mucha capacidad de influir y presionar a la administración», comenta Vilà.
En alguna ocasión, la lucha en defensa del territorio ha acabado con activistas en los juzgados. El caso más reciente es el de dos activistas del Grup d’Estudis y Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC), denunciados por la Comunitat de Regants del embalse de Riudecanyes en el marco del conflicto por el agua del río Siurana. Con la causa ya archivada, se les investigaba por un supuesto robo con fuerza de una placa franquista del embalse de Riudecanyes. Uno de ellos, Andreu Escolà, todavía está pendiente de juicio por otra causa relacionada con la distracción de curso de agua.
A pesar de los obstáculos, los movimientos no se detienen. En la Sentiu, Pobles Vius ha presentado alegaciones contra el proyecto, ha activado grupos locales, ha organizado movilizaciones y cortes de carretera. También ha conseguido la suspensión temporal de la licencia de obras, aunque —según denuncian— las máquinas han seguido trabajando. «Nos abocan a un desgaste económico y emocional constante —explica Batalla—. La indefensión es enorme. Los obstáculos los tenemos nosotros, la gente del territorio que solo queremos defendernos».
Otro territorio que se ha organizado frente a la avalancha de proyectos de energías renovables es la Anoia (Barcelona). Martí Senserrich, representante de la plataforma Preservem l’Anoia, explica que han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente a ex altos cargos de la Generalitat que han tenido alguna implicación en el desarrollo de tres parques solares. Senserrich asegura que los proyectos —que suman 180 hectáreas—están «mal tramitados». La plataforma ha agotado la vía administrativa con la presentación de alegaciones y recursos de alzada y, por ello, también ha iniciado un contencioso para intentar frenar los tres proyectos renovables que consideran que son «un único macroproyecto».
Senserrich también explica que en una ocasión, en una concentración de 40 personas en Òdena, les sorprendió que hubiera dos furgones de los Mossos d’Esquadra, aunque señala que «no actuaron».
Cristina Vilà: «Preservar el territorio también es progreso»
«Nos dicen que no hay alternativa», resume Calvet, «pero el relato también se puede ganar». A medida que aparecen voces críticas y se abren debates, crece la demanda de poner sobre la mesa qué modelo agroalimentario y energético queremos. Vilà asegura que «preservar el territorio también es progreso», aunque afirma que «romper el marco mental que identifica desarrollo con grandes infraestructuras es muy difícil».
La pugna entre macroproyectos y movimientos comunitarios ya no es exclusiva del ámbito urbano. La «nueva ola de modernización», como la llama Batalla, ha puesto el foco sobre el mundo rural como espacio de negocio. Y activistas, vecinos, agricultores y académicos están dispuestos a defenderlo a pesar de la opacidad, la criminalización de la protesta y las batallas judiciales.
PROCEDENCIA: Público, 21 noviembre 2025
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