Según Marta Peirano, experta en tecnopolítica, ciberseguridad y derechos digitales, rechazar esos centros de datos no es un gesto retrógrado contra una tecnología de última generación, sino un movimiento democrático que demanda la protección de los derechos civiles de todos frente a media docena de Calígulas que quieren esclavizarnos.
Marta Peirano. 09 NOV 2026
Hace diez años escribí un libro sobre la siguiente paradoja: las catedrales de la última revolución industrial no están diseñadas para demostrar la potencia de su poder sino para disimularlo. La vanguardia industrial del siglo XXI no ha levantado rascacielos, ni bellos prodigios de vidrio y acero como el Palacio de Cristal o la torre Eiffel. Las grandes infraestructuras de nuestro tiempo estaban deliberadamente ocultas: centros de datos, redes subterráneas, cables submarinos, estaciones de aterrizaje y antenas que forman la base de ese mundo que actualizamos constantemente a través de las apps. Cuando empezó a concentrarse en California, el poder trató de cultivar la imagen de una burocracia eficiente, discreta y bienintencionada, capitaneada por incompetentes sociales obsesionados por el progreso, gafotas incapaces de hacer el mal. Tras la primera victoria de Donald Trump, los gafotas abandonaron la modestia de los primeros años para abrazar una nueva era de viajes al espacio, superyates de 127 metros, y delirios constantes de superhéroe, de destructor de mundos, de emperador romano y de dignatario intercontinental. La potencia del movimiento civil contra los centros de datos parece indicar que no les hizo bien salir del armario. Muchos piensan que todos los males del mundo son culpa de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel y Elon Musk.
Entonces yo comparaba los centros de datos con los grandes centros de detención de inmigrantes: islas de hierro y hormigón levantadas en mitad del desierto y protegidas por leyes, armas, perros y alambre de espino. Entonces compartían una arquitectura prácticamente intercambiable, diseñada para impedir que se escape lo que hay atrapado dentro pero también para que nadie sepa lo que ocurre en el interior. Pensando en las virtudes de su naturaleza difusa y opaca, también empecé a pensar en ellos como paraísos fiscales: espacios diseñados para cometer delitos, protegidos por jurisdicciones que nunca son las del territorio donde se produce la “actividad económica y social”.
Las redes sociales que prosperaban en esa creciente oscuridad son el hongo oportunista que ha colonizado Internet sin tener que construirlo ni que pagarlo, consumiendo sus recursos y capturando su tráfico para reempaquetarlo y comercializarlo a costa de todos. Todo esto ha sido metabolizado por la IA, un tumor insaciable que crece sin freno, cuya lógica es acumular el mayor número de recursos disponibles del planeta, antes de que estalle una catástrofe climática, pandémica o política. Este año, la ciudadanía ha entendido que los centros de datos son las cabezas de esa hidra insaciable que quiere tragárselo todo. Su rechazo tiene fuerza, pero necesita más.
No es solo un rechazo medioambiental. No sólo se tragan el suelo, energía y agua de nuestros países soberanos sino también las canciones de nuestros artistas, las soluciones de nuestros matemáticos, y la dignidad de nuestros trabajos, a cambio de llenar tierra, mar y aire con sus zumbidos y partículas y colonizar nuestra imaginación. Son la potencia detrás del genocidio palestino, del secuestro ilegal de personas en EE UU, de la destrucción caprichosa de vidas y lugares en otras partes del mundo. Son el dinero que compra a nuestros representantes políticos y contamina nuestros procesos electorales. Rechazar esos centros de datos no es un gesto retrógrado contra una tecnología de última generación. Es un movimiento democrático que demanda la protección de los derechos civiles de todos frente a media docena de Calígulas que prometen reemplazarnos pero nos quieren esclavizar.
PROCEDENCIA: El País.
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