Resulta cada vez más habitual que, al exigir a una administración municipal, autonómica o a la misma promotora de un centro de datos que informe a la población de su proyecto, alguna de estas responda: la información está detallada en las veinte mil páginas de documentación técnica que publicamos en el estrecho periodo de alegaciones. Esto no es suficiente.
Manuel García Investigador predoctoral del CSIC 15-10-2026
El derecho a la información pública no sólo implica poder acceder a dicha información, sino también contar con el tiempo y las mediaciones necesarias para comprenderla. En esta serie de publicaciones sobre centros de datos en España, trataré de traducir esa documentación a un texto accesible, sin infantilizar en ese mismo gesto al lector y contribuyendo, en la medida de lo posible, al derecho de la población afectada a tener una información y participación pública real y efectiva. La misma necesidad de estas entradas constituye, de por sí, un fracaso político: el de la ausencia de cualquier intención por parte de las diversas administraciones competentes de que sus habitantes puedan elegir de forma crítica qué proyectos desean para sus territorios, lo que lejos de facilitar su construcción, genera olas de desconfianza. “Al final, si fueran buenos, estarían impacientes por anunciarlos y no insistentes por esconderlos”, me decía una vecina de un pueblo castellanoleonés. La primera entrada irá, precisamente, del centro de datos orientado a inteligencia artificial proyectado en este pueblo, Monfarracinos, situado al norte de Zamora. Este centro de datos es, cuanto menos, inusual: es el único proyecto anunciado hasta la fecha desconectado de la red eléctrica general (off-grid). Por ello, al proyecto del centro de datos no le acompañan solo subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión, como es habitual, sino también una planta fotovoltaica de casi mil hectáreas y un sistema de generación dual fuel —que, a efectos prácticos, funciona como central térmica—. El proyecto es, por tanto, un taburete con tres patas: el centro de datos, la planta fotovoltaica —con su sistema de baterías— y la central térmica
¿Quién promueve el proyecto?
La documentación de este proyecto fue publicada el 5 de agosto de 2026, con una extensión de 2.256 páginas y 644.930 palabras y un plazo de alegaciones que transcurría durante el periodo vacacional y terminaba con el comienzo del curso académico, el 16 de septiembre del mismo año. Los promotores de dicho proyecto son Edison Next Spain SLU y FRV-X Renewable SLU, ambas sociedades limitadas unipersonales (SLU) domiciliadas en Madrid y con un capital de 20 y 7 millones de euros, respectivamente, para un proyecto de 4.600 millones de euros. Esto plantea un primer problema, no relacionado con la construcción del centro de datos, sino con su posible abandono. El principio fundamental de las SLU es la limitación de responsabilidad: solo responden de sus deudas, accidentes o negligencias con sus propios bienes y capital. Si las condiciones del mercado cambian, el proyecto puede dejar de ser rentable y la promotora podría quebrar. En ese caso, existiría un riesgo real: un macrocomplejo a medio construir abandonado y terrenos industrializados bloqueados jurídicamente durante años por el proceso de liquidación concursal. A este problema, previo a cualquier análisis de la documentación, le sigue un elemento de desconfianza.
Ambas empresas son filiales de compañías energéticas (Grupo Edison/EDF y FRV, respectivamente) que funcionan como empresa matriz. Esta es una transición muy común en el mercado español: compañías que se dedicaban a la generación de energía —Forestalia, Capital Energy, Ignis Group, Repsol, Solaria, Ingenostrum…— pivotan una parte de su capital a un nuevo ciclo, esta vez, de consumo electrointensivo: los centros de datos. Sin embargo, resulta poco creíble, aunque exista la posibilidad, de que sean estas compañías quienes construyan e incluso operen finalmente dicho centro. Por el contrario, otras experiencias como la de Ingenostrum (antes Nostrum Group) nos muestran que lo más probable es que, tras adquirir una cartera de centros de datos y bloquear cierta potencia eléctrica y terrenos, vendan los “papeles” correspondientes a otras compañías capaces de desarrollarlos, como grandes tecnológicas o fondos de inversión.
¿Qué impactos tendrá su infraestructura energética?
El elemento central del complejo es un centro de datos situado en el Polígono Industrial Zamora Norte, a unos 600 metros de Monfarracinos, que consistirá en cinco edificios gemelos de 60 MW con un total de 300 MW. El centro de datos ocupará 33 hectáreas que irán construyéndose en cinco sucesivas fases sobre suelo industrial que, hasta ahora, estaba dedicado a tierras de cultivo. La alimentación del centro de datos vendrá de dos vías. Por un lado, a través de una línea doble de alta tensión conectada con un parque solar fotovoltaico de unas 978 hectáreas de suelo rústico, situado a unos 14 km al noreste del centro de datos en los municipios de Villalube y Aspariegos. Por otro lado, de un sistema de generación con motores dual fuel —es decir, que funcionará un 99% con gas natural, pero puede funcionar en caso de fallo de la red gasística con unas reservas de 3 000 m3 de gasóleo que guardarán en dos tanques— situado en el mismo terreno de Monfarracinos. Se espera que la electricidad que consuma el centro venga en un 70,6% (1 591 GWh/año) del parque fotovoltaico y su sistema de baterías, y en un 29,4% (664 GWh/año) de la central térmica, aunque en algunos meses del año, como diciembre o enero, esa segunda cifra podrá elevarse por encima del 50%.
En total, se estima un consumo de 2 255 GWh/año, lo que supone el 330% del actual consumo eléctrico de la provincia de Zamora y hasta el 18% del consumo de todo Castilla y León. Una demanda eléctrica tan elevada tiene asociada ciertos impactos sobre el territorio más inmediato, comenzando por sus propias fuentes de energía. En relación al parque fotovoltaico, supone la ocupación de 747 hectáreas en Aspariegos —el 18% del término municipal— y 230 hectáreas en Villalube —el 19% del término municipal— sobre terrenos previamente dedicados a cultivos.
En relación a la central térmica, el consumo previsto es de 141.529.596 Nm3 de gas natural al año —tanto gas natural como 300 000 hogares— y la emisión de 308 002 tCO2 al año, lo que supone el 2% de las emisiones totales y hasta el 10% de las emisiones directas de Castilla y León. Este es, con seguridad, el daño más grave que acompaña a este centro de datos. Lejos de analizar el verdadero impacto de estas emisiones, en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) podemos leer que “el efecto de este impacto es temporal y fácilmente reversible y recuperable”, una afirmación insultante en el escenario actual de crisis climática e irresponsable en el proceso de descarbonización que debe acompañar a nuestras economías. La quema de estas cantidades de gas natural durante los próximos 25 años —vida útil del centro de datos— es radicalmente incompatible con los objetivos que plantea el proyecto, los cuales son, en sus términos, “incorporar las últimas tecnologías en los campos de la inteligencia artificial […], reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías renovables”, y con los objetivos geopolíticos de reducir la dependencia energética española de los diversos petroestados.
Sin embargo, su impacto no se reduce al cambio en el uso de los suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero, que constituyen de por sí un impacto inasumible claramente infravalorado por la evaluación ambiental. A este impacto, debemos sumarle el impacto inmediato asociado al propio centro de datos, que podemos resumir en emisión de ruidos, gases tóxicos y calor.
¿Y el propio centro de datos?
El centro de datos emitirá ruido a través de dos vías, los refrigeradores (chillers) y los 24 motores de la central térmica. En las inmediaciones de los centros de datos que dan al camino, el índice de ruido subiría desde los 46,5 – 47 dBA diurnos a los 52,3 – 52,8 dBA; y de los 41,4 – 42,2 dBA nocturnos a los 51,3 – 52,2 dBA. La escala decibélica no es lineal, sino logarítmica, por lo que un aumento de 5 dBA no significa un 5% más de ruido, sino bastante más. En este caso, en las inmediaciones supondría un aumento de la potencia acústica del 280% durante el día y del 900% durante la noche, con un nivel de ruido equivalente a una nevera antigua o un ventilador grande.
Si hablamos de las viviendas a 340 metros con “potencial uso residencial”, subiría desde los 45,9 dBA diurnos a los 47,8 dBA, y desde los 44,8 dBA nocturnos a los 47,1 dBA, lo que implicaría un aumento de la potencia acústica del 55% durante el día y del 70% durante la noche. En este caso, sería algo así como tener un ventilador de techo en la habitación. Finalmente, si atendemos al límite de la zona residencial de Monfarracinos, situado según la documentación a 762 metros, se elevaría desde los 49 dBA diurnos a los 49,5 dBA y de los 42,6 dBA nocturnos a los 44,3 dBA, lo que supondría un aumento del 12% durante el día y un 48% durante la noche, añadiendo poco ruido sobre el que pueda existir ya en la zona. El ruido, por tanto, puede suponer un problema grave para ecosistemas y espacios laborales y residenciales cercanos, pero constituye un problema menor para el núcleo residencial de Monfarracinos.
En relación a la emisión de gases, el proyecto estudia cuatro tasas de emisión: monóxido de carbono (4 g/s), dióxido de nitrógeno (3 g/s), partículas en suspensión (0,3 g/s) y benceno (0,02 g/s). Si tomamos, no el escenario más desfavorable, sino el de operativa normal —2 focos emisores por el día y 16 focos emisores por la noche—, encontramos unos valores máximos de concentración al nivel del suelo de 0.4 mg/m3 de monóxido de carbono, 0.8 µg/m3 de óxidos de nitrógeno, 0.7 µg/m3 de dióxido de nitrógeno con picos de 36.1 µg/m3, 0.1 µg/m3 de partículas en suspensión, y 0.004 µg/m³ de bencenos. A mi juicio, el estudio de emisiones debería haber incidido en las concentraciones en los periodos invernales de niebla, lo que preocupaba a buena parte de los vecinos, pero los promedios anuales son bajos y no parecen representar un impacto grave sobre la salud de los vecinos, aunque no queda claro su impacto en otras alturas sobre otros ecosistemas.
Finalmente, debemos hablar del calor. La energía que se consume en este complejo —ya sea electricidad en el centro de datos o gas natural en la central térmica— se disipa en forma de calor al entorno. El informe ambiental no incluye este estudio térmico. Sin embargo, la literatura científica está comenzando a alertar sobre ello. En la actualidad, contamos con dos estudios de referencia. Primero, una investigación del equipo de Andrea Marinoni —profesor asociado en la Universidad de Cambridge— con datos satelitales, que alertaba de un aumento promedio de 2 grados (con casos límites de 9 grados) en las superficies de las inmediaciones del centro de datos: un aumento de la temperatura que iría reduciéndose hasta ser imperceptible a una distancia de 10 kilómetros. Segundo, un estudio del equipo de David J. Sailor —investigador de la Universidad del Estado de Arizona— que midió, esta vez, un aumento de la temperatura ambiente de hasta 2,2 grados a sotavento y 0,9 grados a barlovento, registrables a una distancia de 500 metros. Los datos, sin embargo, serán ligeramente mayores en este caso: el estudio toma como referencia centros de datos entre 47 y 220 MW y este es de 300 MW y, además, en sus estudios, no incluyen casos con centrales térmicas integradas en el propio centro de datos. Esto es crucial: fijémonos que, suponiendo que toda la energía eléctrica que se consume en el centro de datos se convierte en calor, su potencia térmica sería de 300 MW térmicos (MWt); pero la central térmica asociada tiene una potencia de 1 163 MWt, lo que cuadruplicaría las emisiones de calor. Sin una modelización a medida, resulta difícil cuantificar cuál sería el impacto sobre las viviendas y los campos de cultivo del entorno —una preocupación que transmitió, en la misma charla, un agricultor de la zona—. Por ello, resulta incomprensible que no se haya incluido un estudio del impacto térmico en la propia evaluación ambiental, haciendo de esta un informe a todos ojos incompleto.
Más allá del significativo impacto sobre el agravamiento de la crisis climática que puede suponer la emisión de 300 000 tCO2 al año y las emisiones de calor, ruido y tóxicos anteriormente mencionadas, se puede mencionar un último impacto directo relacionado con la pérdida efectiva de suelo, tanto por la planta fotovoltaica como por el propio centro de datos. El caso del parque solar fotovoltaico es especialmente preocupante, ya que ocupará 970 hectáreas de cultivo, 2.6 hectáreas de matorrales, 1.1 hectáreas de pastizales y hasta 2.3 hectáreas de pinares, con una ocupación menor de hábitats de interés comunitario. La zanja de la línea de alta tensión, del mismo modo, ocupará hasta 1.1 hectáreas de riberas y zonas húmedas y 0.5 hectáreas de terrenos forestales. Esto tendrá un impacto alto sobre la vegetación, pero también sobre la avifauna. En el área de estudio del proyecto, hay dos especies en peligro de extinción: el milano real y el águila imperial ibérica; y dos especies vulnerables: el aguilucho cenizo y la ganga ortega. Estas, junto a otras 27 especies de aves identificadas en el entorno del proyecto, se podrían ver afectadas por la detracción de su hábitat —con la reducción de la disponibilidad y continuidad de sus áreas de campeo y reproducción—, la transformación del mosaico agrario en una superficie cerrada y de menor permeabilidad ecológica y el riesgo de colisión con los vallados, entre otros.
He encontrado algunos artículos alertando sobre el consumo de agua, denunciando que el complejo consumirá 1,36 millones de litros de agua al día, esto es, casi 500.000 m3 de agua al año. Sin embargo, no he encontrado ningún fragmento en la documentación que soporte ese dato. Por el contrario, según la documentación, tendrá una demanda de agua potable de 6.200 m3 (unos 6 millones de litros) al año, el equivalente a treinta hogares de cuatro personas; y una demanda de agua no potable, recogida principalmente de las lluvias o de la red de agua no potable del polígono industrial, de 3.997 (unos 4 millones de litros). En total, 11.000 m3 de agua al año más un primer llenado de 4.500 m3 de su circuito cerrado de refrigeración, una cifra, a mi juicio, relativamente baja en relación a otros consumos industriales. No obstante, durante el turno de preguntas de la charla, surgieron otras voces en el pueblo que me explicaron que, en un contexto de tensión hídrica y sucesivas sequías, el territorio no puede asumir dicho consumo, menos aún si se estudia su impacto sinérgico con otros proyectos intensivos en su consumo de agua que se están proyectando en la región.
En general, encontramos dos partes bien diferenciadas en la documentación ambiental. Por un lado, unos estudios con una metodología precisa y rigurosa que cuantifican los impactos que tendrán sobre el entorno. Por otro lado, una evaluación y valoración de los impactos significativos arbitraria que tiende a minusvalorar, si no menospreciar, el impacto calculado que dicho proyecto tendrá sobre su entorno con una calificación interesada de la persistencia, la acumulación, la reversibilidad y la recuperabilidad de los efectos. Sirva de ejemplo la Tabla 166, donde considera, como mencioné antes, las emisiones como temporales, reversibles y recuperables. En todo caso, invito al lector a revisar el apartado 6.2.3. del Estudio de Impacto Ambiental para que tome sus propias conclusiones. Finalmente, cabe hablar de los riesgos de accidentes graves. Estos riesgos incluyen el incendio por la presencia de personal o maquinaria, especialmente grave si se propaga a la zona de gas, la rotura o el derrame de tanques de proceso o aceite, o el propio riesgo químico inherente al proyecto (refrigerantes del circuito de climatización, dos tanques de 3.000 m3 de gasóleo…). En todo caso, el riesgo de accidente es, de acuerdo con la documentación, mínimo.
¿Y respecto al empleo y la contribución fiscal al municipio?
Aún no está publicado el informe socioeconómico, por lo que toda la información laboral y fiscal habrá de ser extraída de la documentación ambiental. Según la propia documentación, el centro de datos funcionará como motor del desarrollo socioeconómico en la región a través del empleo cualificado, la formación tecnológica y la dinamización de otros sectores. Sin ningún proyecto anunciado de formación tecnológica asociada en la región, cabe hablar del resto de puntos, que dividiré en creación de empleo, contribución fiscal y relación con otros sectores económicos.
Más allá de los cientos de empleos presenciales que se generen en fase de construcción, que durará 45 meses (algo menos de cuatro años), el proyecto anuncia, en fase de operación y en caso de que todos los edificios operen bajo un mismo cliente, 372 empleos para el centro de datos, 45 empleos para la central térmica y 9 empleos para el parque fotovoltaico. En total, 426 empleos. Sin embargo, no se distinguen entre empleos presenciales u online, locales o externos, temporales o automatizables, únicos para este centro de datos o que sirvan a varios de la región a la vez… Sin esa información, no se puede estudiar cuál será el impacto real sobre el territorio. Además, aunque hemos de reconocer el esfuerzo inusual de la promotora por desagregar los empleos generados por áreas, que es el primer informe en el que lo veo, dejan entrever que la cifra está sobreestimada. A modo de ejemplo, en un centro de datos no todo el personal requiere cobertura todas las horas del día, todos los días del año: resulta inusual, por ejemplo, que haya cuatro turnos de limpieza, como anuncian, sino que suele haber uno (y medio, contando con las vacaciones); en muchos casos, se solapan las funciones de los técnicos de IT y sistemas, los ingenieros de redes, y el personal de NOC/SOC; y no parece claro que un gerente de administración necesite cuatro reemplazos, sino más bien uno o dos asistentes. Sea como fuere, no debe negarse que va a generar una cantidad alta de empleo y que puede que algunos de ellos sean cubiertos por población local.
La contribución fiscal a nivel municipal se menciona en el proyecto, pero no se cuantifica. Si tomamos como referencia otro centro de datos de 300 MW, esta vez en Villamayor de Gállego (Zaragoza), vemos que su contribución a través del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) alcanzaría, tras retirar los gastos municipales asociados —en seguridad y movilidad ciudadana, alumbrado público, limpieza viaria, vía pública…— sería de unos 100 000 euros anuales positivos. Este dinero supondría el 16% de los ingresos del Ayuntamiento de Monfarracinos (a espera de ver su evolución con la instalación del resto de instalaciones proyectadas en el municipio).
Y, en relación con el resto de la economía local, afirma que “dinamiza sectores como la construcción, las telecomunicaciones y las energías renovables”. Sin embargo, tras la fase de construcción, dicha dinamización parece reducirse a un marco estatal o supraestatal sin un impacto real sobre los municipios más cercanos. El impacto sobre el municipio, como muestran las evoluciones en los municipios aragoneses donde se han instalado centros de datos, es más complejo y debe observarse en un largo plazo.
Y es que, pese a exponer con mayor o menor grado de detalle las bonanzas económicas sobre la región, la documentación del proyecto olvida dos cosas: el coste de oportunidad y el coste de gestión de los conflictos. En relación al coste de oportunidad, los centros de datos se sitúan entre los proyectos que menor empleo generan por unidad de superficie industrial ocupada y consumo eléctrico. Respecto a la superficie, la ocupación de suelo industrial por parte de la compañía implica que otros proyectos industriales con un mayor impacto municipal se desplacen a otros territorios, en un proceso de gentrificación, lo que podría suponer a largo plazo un vector de estancamiento en el municipio. Además, la ocupación de casi mil hectáreas de terrenos de cultivos y los daños directos sobre las tierras más cercanas al complejo digital suponen la degradación del tejido agrícola —principalmente de trigo, cebada, centeno, avena, girasol y leguminosas—, con el consecuente impacto sobre el sector primario de la región. Un sector primario que no sólo emplea al 10% de la población activa de la provincia de Zamora, sino que liga simbólicamente el cultivo del cereal y la elaboración del pan con este territorio estepario, del que bellamente he escuchado hablar como Tierra del Pan.
En relación al coste de gestión de los conflictos, debemos entender el impacto que puede tener las afecciones ambientales que detallamos antes sobre la vida de quienes ya habitan el territorio. La degradación en las condiciones de vida, especialmente de las viviendas más cercanas, puede provocar un desplazamiento de la población y una devaluación de los inmuebles y las tierras que se encuentren cerca. “Si el centro de datos se instala, yo me cambiaré de pueblo”, me decía un vecino cercano al proyecto durante la charla en Zamora el pasado 30 de septiembre de 2026. En definitiva, al evaluar un proyecto, no hemos de poner sobre la balanza sólo las bonanzas económicas —que han de ponerse, por supuesto, porque existen— sino también sus desdichas.
Es por ello que considero demasiado aventurado considerar el proyecto, como solicitan las promotoras, como Proyecto Regional. La figura de “Proyecto Regional” —que tiene paralelos en Aragón con el Plan de Interés General en Aragón (PIGA) o en Castilla-La Mancha con el Proyecto de Singular Interés (PSI)— establece una suerte de régimen de excepción o, siendo más precisos, de privilegios. Este régimen viene definido por la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y su aprobación le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, quien debe justificarla por el interés general del sector afectado (Artículo 20). Bajo esta figura, se accede a tres privilegios (Artículo 22): la suspensión del otorgamiento de licencias a actividades y obras que puedan resultar afectadas y de la tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística incompatibles con el plan; la expropiación forzosa, ocupación temporal y modificación de servidumbres de los bienes y derechos que resulten necesarios; y la tramitación de los procedimientos con prioridad y urgencia.
Además, incluyen dos pequeños trucos. Por un lado, el apartado 22.5 establece que estos planes “no estarán sometidos a los actos de control preventivo municipal al que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”, entre cuyos actos encontramos el sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. Por ello, se podría interpretar que dichos proyectos no han de contar necesariamente con licencias de obra o urbanísticas, y esto plantearía en caso de interpretarse así, al menos, un conflicto. El Artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) viene a decir que el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es la realización de una construcción “para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra o urbanística”. Si, en este caso, no hay dicha licencia, el proyecto no estaría sujeto —es decir, que estaría “eximido”— de pagar dicho impuesto municipal, que podría situarse entre los 20 y los 30 millones de euros, y que sería el equivalente al pago de entre 200 y 300 años del resto de impuestos municipales. Esto deberá ser algo que aclare, en todo caso, el propio Ayuntamiento de Monfarracinos, al cual derivo al lector. Por otro lado, aunque esta legislación no lo detalle, el artículo 23.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999) permite que aquellos usos que se consideren de interés público o tengan la condición e infraestructuras puedan instalarse excepcionalmente en suelo rústico, como es el caso de los terrenos del parque fotovoltaico, la subestación eléctrica y las líneas de evacuación sobre terrenos rústicos o no urbanizables.
Unas últimas reflexiones
Este proyecto se plantea anticipando una posible demanda creciente de servicios de inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchos tipos de inteligencias artificiales. Aquellas que valoramos, por ejemplo, las que tienen usos médicos, científicos e incluso aumentan la eficiencia de ciertos procesos industriales; y aquellas que no: las inteligencias artificiales para usos bélicos, para creación de pornografía o desnudos no consentidos, para suplantación de identidad o la minería de criptomonedas, entre muchos otros. Estoy convencido de que buena parte de la población, entre la que me incluyo, estamos convencidos de que debemos hacer ciertos sacrificios por contar con esos primeros usos. Pero en un centro de datos de este tipo desconocemos tanto el operador como sus objetivos, es decir, que no sabemos si el sacrificio de los terrenos estará dirigido a procesos que valoramos o, más bien, a aquellos que rechazamos. Incluso si supiéramos el operador privado, el código fuente que se ejecuta dentro está cubierto por cláusulas de confidencialidad y secreto empresarial, por lo que no se somete a ningún tipo de fiscalización pública. Sin esa información y, en definitiva, sin mucha otra que falta, no es posible evaluar si este proyecto implica un interés regional o si contribuye verdaderamente al bienestar de nuestras sociedades y la soberanía de nuestras comunidades o, más bien, al contrario.
Como decía el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la provincia de Zamora, José Luis Hernández, no podemos oponernos a todo. No puedo estar más de acuerdo: hay una política industrial que necesitamos, especialmente en un contexto doble de despoblación y transición ecológica y energética, y que podría justificar ciertos impactos que se puedan generar en el territorio. Pero el proceso de reflexión es más bien al revés: no comenzar aceptando los proyectos que llegan y construir en torno a ellos el proyecto de desarrollo para nuestras regiones, sino pensar colectivamente qué tipo de desarrollo queremos para nuestras tierras y, tras ello, preguntarnos si acaso un proyecto de este tipo es compatible con él. Para que eso sea posible, es necesario un debate público e informado, al que he tratado de contribuir con esta, a estas alturas, larga exposición.
Artículo original publicado en El Enfoque de Zamora el 15-10.2026
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