Por Plataforma Ecologista Madrileña
(Asociación Ecologista del Jarama, Arba, GRAMA, Liberum Natura, Jarama Vivo).
Tras décadas de vertidos ilegales en un espacio protegido, la presión ciudadana logra que se construya el colector Ciudalcampo-EDAR Arroyo Quiñones.
Las obras, sin embargo, serán pagadas por todos los madrileños, sin ninguna aportación de los residentes de esta exclusiva urbanización.
Después de más de cincuenta años vertiendo aguas fecales sin depurar al río Jarama, la urbanización de lujo de Ciudalcampo dejará de contaminar. La construcción de un colector para canalizar las aguas residuales hasta la depuradora de San Sebastián de los Reyes marca el fin de una larga historia de impunidad ambiental. Pero lo que podría haberse celebrado como una victoria completa para el medioambiente y la ciudadanía tiene un reverso amargo: los más de 5,5 millones de euros que costará la infraestructura serán asumidos íntegramente por el Canal de Isabel II, es decir, por el conjunto de los contribuyentes madrileños.
Plano de situacion.
La presión ejercida durante años por asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, agrupados en la Plataforma Ecologista Madrileña, ha sido clave para poner fin a esta situación insostenible. Denuncias formales, informes técnicos y la movilización ciudadana lograron que, tras décadas de pasividad institucional, se revocara la autorización de vertido, intervinieran las autoridades ambientales, se abrieran diligencias judiciales y, finalmente, se planificara la conexión de la urbanización a la red pública de saneamiento.
Batidora de Ciudalcampo para los vertidos al Guadalix.
Sin embargo, la solución llega con una importante cesión a los intereses de los residentes de este enclave privilegiado: eludir el pago de una obra que legalmente les correspondía. Según documentos oficiales como el Plan Director de Saneamiento de 1998 y un estudio técnico-económico de 2020 del propio Canal de Isabel II, Ciudalcampo debía asumir al menos una parte proporcional del coste de las infraestructuras. Incluso se cuantificó esta obligación en más de un millón de euros, ajustable conforme al proyecto definitivo. Reglamentos urbanísticos y leyes autonómicas refuerzan esta obligación legal y económica.
Vertidos de Ciudalcampo.
Pese a ello, el proyecto ha sido ahora absorbido en su totalidad por el Canal, sin transparencia sobre el cambio de criterios y sin que se haya exigido aportación alguna a los 1.200 propietarios de esta exclusiva urbanización, situada junto a la autovía de Burgos y el circuito del Jarama. Una comunidad con elevado nivel de ingresos, que durante más de medio siglo ha disfrutado de los privilegios de su localización mientras generaba un grave problema sanitario y ecológico a sus vecinos y al entorno protegido del río Guadalix, parte de la Red Natura 2000.
“El lujo no puede blindarse tras el dinero público”, denuncian desde la Plataforma Ecologista Madrileña. “No solo se ha permitido durante décadas un foco de contaminación a las puertas de un espacio natural protegido, sino que ahora se socializan los costes de una irresponsabilidad privada”. Las organizaciones reclaman explicaciones tanto al Canal de Isabel II como al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por permitir que el saneamiento de Ciudalcampo se pague íntegramente con dinero público.
Este caso pone en evidencia una realidad incómoda: cuando las administraciones eluden sus responsabilidades de vigilancia y sanción, y además premian la negligencia con fondos públicos, se rompe el principio básico de equidad en la gestión ambiental y urbanística. Y lo que debería haber sido una corrección justa de una anomalía histórica, termina reforzando la sensación de que, en determinadas zonas de Madrid, las normas no se aplican igual para todos.
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