Por Toni Jorge
Ecologistas en Acción de la Manchuela
Desde el año 1986 se empezó a producir un despegue brutal de la producción de porcino en España, en aquel entonces el censo era de unos 15 millones de cerdos, que habían pasado ya a 25 en el 2003 y que llegarían a 35 en el 2021. Y algo similar sucedió con otras especies como el aviar y bovino.
Este crecimiento, que supone un aumento del cien por cien cada década, fue debido a la aparición de la ganadería industrial, caracterizada por una fuerte tecnificación que permitió escalar el tamaño a búsqueda de máxima rentabilidad.
Al mismo tiempo, las explotaciones familiares y extensivas iban desapareciendo al no poder competir en precios con las grandes, que además se vieron beneficiadas por las ayudas de la PAC. El sector del pienso y de la ganadería industrial llegarían a acaparar el 82 % de las ayudas europeas de la PAC. En ello jugó un papel clave la creación de un lobby muy poderoso y con presencia continuada en Bruselas.
Al mismo tiempo , tanto los problemas ambientales como los sociales fueron creciendo. Los primeros, en forma de acumulación de nitratos en los acuíferos (a lo que también contribuye la agricultura), olores y emisiones, tanto de metano, óxido nitroso, amoníaco y CO2 y los segundos en forma de despoblación y pérdida de mano de obra (una sola instalación de más de 2000 cerdos puede estar al cargo de una sola persona).
Desde el principio, la relación directa de la ganadería industrial con estos problemas era más que evidente y todos los estudios apuntaban en esta dirección, pero al mismo tiempo el terrible poder de influencia del lobby dinamitaba cualquier iniciativa que limitara los impactos ante el riesgo de pérdida de competitividad en una economía global.
En Galicia el fenómeno fue parecido aunque tuvo sus peculiaridades. Allí surgió COREN. Su origen se remonta a mediados de los años 50, cuando los americanos promueven en Europa la avicultura orientada al mercado, En 1959, contactan con el gerente de Uteco Ourense, D. Eulogio Gómez Franqueira, y le proponen un plan: crear 20 granjas de 5.000 pollitos.
Unos años más tarde 1979 inicia sus actividades en el porcino, y luego se convertiría en la mayor cooperativa agroalimentaria de España, teniendo bajo su paraguas a la práctica totalidad de las granjas gallegas. En Galicia COREN es una institución intocable a la que ni el BNG se atreve a cuestionar. La diputada europea de dicho partido, Ana Miranda, se negó en Bruselas a fotografiarse con los miembros de la plataforma europea contra la ganadería industrial para no soliviantar al sector.
Las 2591 granjas gallegas , con una media de 600 animales (la cifra es engañosa ya que esconde las pocas familiares y de autoconsumo con las de máxima capacidad), como en el resto del país han ido creando un rastro de contaminación pero que es difícil de cuantificar ya que el gobierno regional no tiene hecha la declaración de zonas vulnerables a nitratos, de lo cual culpa al gobierno central.
La cuenca del río Limia es una vieja conocida de la hemeroteca en tanto que desde hace más de dos décadas, las personas residentes de As Conchas y otras localidades de la comarca ourensana de A Limia conviven con los malos olores y la contaminación del agua, tanto de consumo como para el baño, han sido frecuentes las noticias algunos veranos atrás de la eutrofización más que evidente de las aguas del Embalse que revelaban un exceso de nutrientes. La carga ganadera de la comarca de A Limia lleva más de una década siendo “insostenible”.
En el 2014 ya, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en adelante CHMS, encarga un informe sobre el estado de las aguas a un equipo del CSIC. Dicho informe se basó en la recogida de muestras de agua en 14 puntos de la cuenca del río Limia y afluentes, entre los que se encuentran zonas de cabecera y otras afectadas por explotaciones agrícolas y ganaderas o por núcleos de población, mientras que considera «llamativo» que la gran mayoría de las muestras aportan datos que evidencian «la importancia de los residuos ganaderos en el origen de los nitratos en la cuenca del río Limia».
El embalse de As Conchas sufre la eutrofización del agua y episodios de cianobacterias que tiñen de verde la superficie del pantano. Foto de Deva Mar Escobedo – El Salto.
Apuntando que la normativa Europea obligaba a la reparación de la situación y que la comarca tenía 10 veces más presión agrícola y ganadera que el resto de Galicia.
Dicho informe ya detalló la mala situación del Embalse de As Conchas y de la invasión de cianobacterias, hizo referencia a que la situación se produce a partir del 2000 y que se debía «residuos mal gestionados de una carga ganadera desorbitada y no en vertidos urbanos insuficientemente depurados». Dicho informe ya apuntaba a 28 granjas de COREN que producían 1,6 millones al año de pollos y 15.000 cerdos, cuyos excrementos equivalen a los de una población humana de 46.000 personas.
12 años habían pasado desde aquel informe sin que se adoptara ninguna medida de protección , ni se dictara moratoria (la todopoderosa COREN) ni se obligara a los ganaderos a tomar medidas. La falta de inspección y de vigilancia por parte de las administraciones revelaba un desprecio absoluto por las quejas de los vecinos.
Y finalmente, apoyados por Amigos de la Tierra , 7 vecinos de la Asociación vecinal del pueblo de As Conchas y la Confederación de Consumidores y Usuarios plantearon una demanda contra la Xunta, contra la Confederación del Miño-Sil y contra 5 ayuntamientos. Esta demanda rápidamente corre como la pólvora ante el convencimiento por parte de todos los grupos ambientalistas de que se trata de un paso histórico que abría una puerta hasta ahora no explorada, la de la responsabilidad evidente de las diferentes administraciones en el deterioro ambiental. La demanda se hizo por violación de derechos fundamentales en estos términos:
“Se declare la vulneración de los derechos fundamentales citados en este escrito; esto es, derecho a la vida y a la integridad física y a la interdicción de tratos inhumanos o degradantes (arts. 15 CE y 2 y 3 del CEDH), derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (arts. 18 CE y 8 CEDH), a la propiedad (art. 33.1 CE y art. 1 del Protocolo 1 CEDH) y al agua, todos ellos en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas del art. 45 de la Constitución Española.”
En la demanda se puede leer “la contaminación por nitratos, nitritos y bacterias -sustancias contaminantes todas ellas provenientes de la intensísima carga ganadera que soporta la cuenca- compromete reiteradamente incluso el suministro domiciliario, ya sea a través de la red de suministro o de los pozos privados, que en no pocas ocasiones superan los límites legal y reglamentariamente establecidos para que pueda considerarse como agua apta para el consumo humano.
Y dado que la situación no es puntual, sino crónica, y que las Administraciones demandadas no están adoptando medidas serias y eficaces (más allá de parches temporales como el abastecimiento a partir de cisternas o el reparto de garrafas), consideran mis patrocinadas que se ha vulnerado igualmente su derecho humano al agua”.
Los informes periciales aportados por los demandantes corrieron a cargo de José Francisco Cid Montañés ,Doctor en Química Analítica del Medio Ambiente y de la Polución (UB) y Inspector de Olores Ambientales Certificado (Minnesota, USA), y de los doctores Eduardo Costas Costas, Serafin Gonzalez Prieto y Antonio Delgado.
Finalmente, el fallo establece que existen dos responsables, por un lado la Xunta de Galicia que no trasladó el riesgo ambiental a las empresas que obtenían los beneficios, y por otra parte a la CHMS por su obligación derivada del control de aguas.
En la sentencia se conmina a tomar cuantas medidas sean necesarias para que cese la degradación ambiental de la Cuenca del río Limia, a dictar una moratoria específica para todas las instalaciones de ganadería industrial nuevas o ampliaciones de las existentes. A que se lancen cuantos estudios y programas sean necesarios para atajar la contaminación. A la prohibición del uso del agua del embalse, a indemnizar con 30.000 euros a cada uno de los demandantes.
Esta sentencia resulta histórica porque declara la responsabilidad directa de las administraciones en su deber de garantes de los derechos fundamentales y entre ellos los ambientales. Naturalmente la Xunta ha anunciado que recurrirá en una maniobra para que sea la CHMS la que asuma toda la responsabilidad.
Pero el hecho es que se ha abierto una vía para demandas similares por todo el territorio español, dónde se ha dejado a las grandes empresas del porcino contaminar de manera deliberada y dónde existen por todo el territorio municipios que se han quedado sin acceso al agua potable. Es, por lo tanto, una puerta a la esperanza.
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